Los abogados de la Casa Blanca trabajan a toda máquina para salvar su estrategia comercial tras la sentencia del miércoles que anuló el grueso de sus aranceles. El propio miércoles, solicitaron al Tribunal de Comercio Internacional que suspendiese cautelarmente la aplicación de su fallo. Este jueves, han hecho lo propio ante un tribunal federal de Apelaciones de Washington. Y en su escrito de 124 páginas anticipan que si esos tribunales no suspenden la decisión, acudirá este mismo viernes al Tribunal Supremo para mantener en vigor sus tasas a las importaciones.
“A falta de una medida cautelar de este Tribunal, Estados Unidos tiene previsto solicitar mañana al Tribunal Supremo una medida de urgencia para evitar los daños irreparables que se ciernen sobre la seguridad nacional y la economía”, se indica en el escrito de 129 páginas presentado antes los jueces.
En su recurso, el Gobierno de Trump afirma que si se aplica la sentencia “los acuerdos exitosos que el presidente ha alcanzado con múltiples países podrían desmoronarse de inmediato”. En realidad, Trump no ha llegado a ningún acuerdo comercial todavía con ningún país. Firmó un principio de acuerdo que ambas partes reconocían como legalmente no vinculante con el Reino Unido. Y acordó con China dar marcha atrás a los aranceles que él mismo había impuesto. Eso es todo hhasta ahora.
El Tribunal Supremo tiene una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres juezas progresistas. Tres de los magistrados de la mayoría fueron nombrados por el propio Trump, aunque eso no le garantiza el éxito ante su petición. La sentencia del Tribunal de Comercio Internacional fue dictada por unanimidad por tres jueces de los que uno había sido nombrado por el propio Trump; otra, por el republicano Ronald Reagan, y el tercero, por el demócrata Barack Obama.
En su deriva autoritaria, Trump ha ido invadiendo competencias del Congreso y forzando las costuras del poder ejecutivo con múltiples decisiones que los jueces han considerado inconstitucionales. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el órgano jurisdiccional especializado con competencias en la materia, declaró este miércoles ilegales los aranceles generalizados a las importaciones impuestos por Trump en virtud de una ley de poderes de emergencia, señalando que el presidente se había saltado la Constitución y la ley.
La sentencia anula y deja sin efecto los impuestos del 25% a las importaciones de Canadá y México y del 20% a las de China con la excusa del fentanilo y la inmigración, y los falsos “aranceles recíprocos” a todo el mundo, anunciados el mal llamado Día de la Liberación, que se redujeron de forma generalizada en el 10% después de que el presidente rectificase y concediese una tregua parcial de 90 días ante la presión de los mercados.
Los abogados preparan el recurso sobre el fondo del asunto, que todavía no han presentado. En declaraciones a la cadena de negocios conservadora Fox Enterprise, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, señaló: “Estoy seguro de que, cuando apelemos, esta decisión será revocada”. “Estos jueces activistas están tratando de frenar algo en medio de negociaciones realmente importantes”, indicó Hassett, pese a que uno de los jueces fue nombrado por el propio Trump y otra por el republicano Ronald Reagan. El tercero fue un nombramiento del demócrata Barack Obama.
Según Hassett aunque Trump tiene diferentes opciones legales para aprobar nuevos aranceles, ese no es el plan precise: “No tenemos intención de hacerlo en este momento porque estamos muy, muy seguros de que esto es realmente incorrecto”, dijo. El Gobierno de Trump notificó el mismo miércoles al tribunal que piensa recurrir la decisión, pero aún no lo ha hecho. Sí que ha presentado una solicitud de suspensión cautelar de la aplicación de la sentencia
La decisión de los jueces desmonta la estrategia comercial de Trump, según vienen a reconocer los propios miembros del Gabinete en la petición al tribunal para que suspenda la aplicación del fallo. “Es basic, para la seguridad nacional del país y para la gestión de los delicados esfuerzos diplomáticos que está llevando a cabo el presidente, que el Tribunal suspenda su sentencia”, cube la solicitud, alegando que el perjuicio “a la gestión de los asuntos exteriores no podría ser mayor”.
El escrito presentado en nombre de Trump cita las declaraciones de varios miembros de su Gabinete. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirma que la decisión del Tribunal provocará un “escenario catastrófico para la política exterior”. Según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, “destruiría” un acuerdo cuidadosamente negociado con China y “perturbaría gravemente la coordinación del Departamento de Comercio de las medidas económicas relacionadas con la política exterior en nombre del presidente”.
Además, amenazaría con “romper las negociaciones con docenas de países” y crearía un riesgo inmediato de que los socios comerciales de Estados Unidos “se sintieran con una renovada audacia para aprovechar” una supuesta “nueva vulnerabilidad” tomando represalias contra Estados Unidos, según advierte el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, considera que la aplicación de la sentencia “causaría un daño significativo e irreparable a la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos” y “amenazaría los intereses estratégicos más amplios de Estados Unidos a nivel internacional”.
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